La Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, conocida como Caso Convenios 2, presentó ayer sus conclusiones principales tras investigar las irregularidades con la Fundación Democracia Viva en Antofagasta desde junio de 2023. El informe de 100 páginas, aprobado por unanimidad por los parlamentarios, revela que hasta la fecha se han identificado 100 casos de traspasos irregulares a fundaciones, principalmente desde los gobiernos regionales. Inicialmente, se estimaba un monto defraudado cercano a los $14.215 millones, pero un año después, la cifra asciende a $89.740 millones, según el documento. El informe califica esta situación como una mancha negra en la historia de nuestra institucionalidad . Asimismo, los parlamentarios recomiendan la renuncia de la subsecretaria de Patrimonio Cultural, Carolina Pérez, por ocultar su relación con Democracia Viva, donde fue directora de metodología. Además, se acusa a los militantes de Revolución Democrática de aprovecharse del sistema y de ser indolentes con las personas que debían beneficiarse de los fondos para asentamientos precarios. Los legisladores también expresaron su preocupación porque el Gobierno siga manteniendo en funciones a personas vinculadas a Democracia Viva, como el jefe de asesores de La Moneda, Miguel Crispi.
El 17° Juzgado de Garantía de Santiago decretó la disolución de la fundación Democracia Viva, que protagonizó uno de los mayores escándalos políticos del último año. El caso involucra la firma de tres convenios entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta, liderada por Carlos Contreras, y la organización dirigida por Daniel Andrade, que pretendían desarrollar dudosos proyectos en la región. Carlos Contreras, quien en ese entonces encabezaba la Seremi, y Daniel Andrade, representante de la fundación, se encuentran actualmente imputados por el delito de fraude al Fisco, en medio de la polémica por estos acuerdos que suman un total de $426 millones. Paralelamente, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) interpuso una demanda que llevó a la cancelación de la personalidad jurídica de Democracia Viva. Se determinó que la organización incumplió sus propios estatutos, violando el Código Civil al no realizar el procedimiento de reemplazo de los miembros del directorio, sesionando con menos integrantes de los requeridos y sin las firmas necesarias en las actas, además de no llevar a cabo reuniones periódicas. Según informes publicados por La Tercera, la fundación también destinó su aporte social de $300.000 principalmente a la constitución de la organización, en vez de utilizarlo para cumplir con su propósito social. En cuanto a los convenios firmados con la Seremi de Vivienda de Antofagasta, se constató que los acuerdos no tenían relación alguna con el objetivo social de la fundación, lo que reforzó las dudas sobre la naturaleza de estos contratos. Finalmente, el tribunal destacó que el propósito de Democracia Viva resultaba ambiguo y carente de definiciones claras. El fallo señala que “no existe una adecuada precisión del ámbito concreto de su actuación, dado lo vago e indeterminado del fin”.
El tribunal ratificó la medida de arresto domiciliario total para la concejala de Antofagasta, Paz Fuica, luego de que la Fiscalía presentara informes de incumplimiento de su cautelar. Fuica no respondió a los llamados de la policía en al menos tres ocasiones. La concejala había estado en prisión preventiva tras su detención en enero, relacionada con el caso Democracia Viva, que también involucra a Daniel Andrade y al exseremi Carlos Contreras. En marzo, se cambió su prisión preventiva por arresto domiciliario. Durante la audiencia, su defensa presentó justificaciones médicas de acuerdo a lo consignado por SoyAntofagasta. La Fiscalía busca garantías para asegurar el cumplimiento de las medidas preventivas, dada la gravedad de las acusaciones.
La Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, conocida como Caso Convenios 2, presentó ayer sus conclusiones principales tras investigar las irregularidades con la Fundación Democracia Viva en Antofagasta desde junio de 2023. El informe de 100 páginas, aprobado por unanimidad por los parlamentarios, revela que hasta la fecha se han identificado 100 casos de traspasos irregulares a fundaciones, principalmente desde los gobiernos regionales. Inicialmente, se estimaba un monto defraudado cercano a los $14.215 millones, pero un año después, la cifra asciende a $89.740 millones, según el documento. El informe califica esta situación como una mancha negra en la historia de nuestra institucionalidad . Asimismo, los parlamentarios recomiendan la renuncia de la subsecretaria de Patrimonio Cultural, Carolina Pérez, por ocultar su relación con Democracia Viva, donde fue directora de metodología. Además, se acusa a los militantes de Revolución Democrática de aprovecharse del sistema y de ser indolentes con las personas que debían beneficiarse de los fondos para asentamientos precarios. Los legisladores también expresaron su preocupación porque el Gobierno siga manteniendo en funciones a personas vinculadas a Democracia Viva, como el jefe de asesores de La Moneda, Miguel Crispi.
El 17° Juzgado de Garantía de Santiago decretó la disolución de la fundación Democracia Viva, que protagonizó uno de los mayores escándalos políticos del último año. El caso involucra la firma de tres convenios entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta, liderada por Carlos Contreras, y la organización dirigida por Daniel Andrade, que pretendían desarrollar dudosos proyectos en la región. Carlos Contreras, quien en ese entonces encabezaba la Seremi, y Daniel Andrade, representante de la fundación, se encuentran actualmente imputados por el delito de fraude al Fisco, en medio de la polémica por estos acuerdos que suman un total de $426 millones. Paralelamente, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) interpuso una demanda que llevó a la cancelación de la personalidad jurídica de Democracia Viva. Se determinó que la organización incumplió sus propios estatutos, violando el Código Civil al no realizar el procedimiento de reemplazo de los miembros del directorio, sesionando con menos integrantes de los requeridos y sin las firmas necesarias en las actas, además de no llevar a cabo reuniones periódicas. Según informes publicados por La Tercera, la fundación también destinó su aporte social de $300.000 principalmente a la constitución de la organización, en vez de utilizarlo para cumplir con su propósito social. En cuanto a los convenios firmados con la Seremi de Vivienda de Antofagasta, se constató que los acuerdos no tenían relación alguna con el objetivo social de la fundación, lo que reforzó las dudas sobre la naturaleza de estos contratos. Finalmente, el tribunal destacó que el propósito de Democracia Viva resultaba ambiguo y carente de definiciones claras. El fallo señala que “no existe una adecuada precisión del ámbito concreto de su actuación, dado lo vago e indeterminado del fin”.
El tribunal ratificó la medida de arresto domiciliario total para la concejala de Antofagasta, Paz Fuica, luego de que la Fiscalía presentara informes de incumplimiento de su cautelar. Fuica no respondió a los llamados de la policía en al menos tres ocasiones. La concejala había estado en prisión preventiva tras su detención en enero, relacionada con el caso Democracia Viva, que también involucra a Daniel Andrade y al exseremi Carlos Contreras. En marzo, se cambió su prisión preventiva por arresto domiciliario. Durante la audiencia, su defensa presentó justificaciones médicas de acuerdo a lo consignado por SoyAntofagasta. La Fiscalía busca garantías para asegurar el cumplimiento de las medidas preventivas, dada la gravedad de las acusaciones.
