Este martes, la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, asistirá a una audiencia clave en la que se revisarán las medidas cautelares que pesan en su contra. Barriga, quien fue reformalizada en septiembre por presuntos delitos de fraude al fisco y falsificación de instrumento público, se encuentra actualmente bajo arresto domiciliario total. Sin embargo, los querellantes han solicitado la revisión de estas medidas, mientras que el abogado de la Municipalidad de Maipú buscará que se decrete prisión preventiva para la exjefa comunal, según informó 24 Horas. Además, nuevas acusaciones complican la situación judicial de Barriga. Recientemente, una psicopedagoga vinculada a la Municipalidad de El Quisco denunció que habría sido presionada para evaluar al hijo de la exalcaldesa justo una semana antes de su formalización. Este caso ha llevado a un sumario por acoso laboral en dicha comuna. La resolución de esta audiencia podría marcar un giro en el proceso judicial que enfrenta Cathy Barriga, quien sigue en el centro de la polémica por las múltiples denuncias en su contra.
En la mañana de este martes, la Fiscalía Metropolitana Oriente confirmó la realización de un allanamiento en las oficinas del diputado Joaquín Lavín en el Congreso Nacional, ubicado en la región de Valparaíso. La diligencia fue parte de una investigación reservada sobre posibles delitos de tráfico de influencias relacionados con decisiones administrativas y contrataciones en la Municipalidad de Maipú durante la gestión de su esposa, la exalcaldesa Cathy Barriga. Ante esto, el procedimiento de entrada y registro, solicitado por la fiscal de alta complejidad Constanza Encina, fue autorizado por el Noveno Juzgado de Garantía. Se espera que en las próximas horas el Ministerio Público entregue más detalles sobre el operativo. En agosto, Mega Investiga reveló que la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente abrió una causa contra Lavín por los delitos de fraude al fisco y tráfico de influencias, tras detectar una serie de antecedentes que apuntarían al rol de Lavín como un “alcalde en las sombras”. Asimismo, los fiscales cuentan con correos electrónicos y testimonios de extrabajadores municipales que señalarían que Lavín, aunque no tenía autoridad sobre la administración local por su cargo parlamentario, habría dado instrucciones en temas de contrataciones y despidos, además de intervenir en decisiones administrativas clave. Finalmente, la investigación sigue en desarrollo, y las pruebas recopiladas podrían ser fundamentales para determinar si Lavín utilizó su influencia como parlamentario para intervenir en la gestión municipal de su esposa
En una audiencia realizada en el Juzgado de Garantía de Linares, la magistrada Evelyn Pérez Jaña determinó imponer la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y prohibición de acercarse a los involucrados para el alcalde de Linares y vicepresidente de Renovación Nacional, Mario Meza. Esto en el contexto de una investigación por delitos reiterados de fraude al fisco relacionados con la adquisición de insumos durante la pandemia del Covid-19. Ante esto, los delitos imputados al edil están vinculados con la compra de cloro, test de detección de coronavirus, mascarillas y cajas de mercadería, con un monto defraudado que asciende a más de $195 millones de pesos. Por otro lado, para Jhon Sancho, jefe de la Dirección de Desarrollo Comunal, se decretó prisión preventiva en el centro penitenciario de Parral, mientras se evalúa un posible traslado al anexo Capitán Yáber. La fiscal Carola D'Agostini, quien lleva adelante la investigación, se mostró conforme con la decisión del tribunal respecto a Sancho, pero anunció que apelarán a la medida cautelar impuesta al alcalde Meza.Hemos acreditado su participación en cuatro delitos, aunque el tribunal solo reconoció uno. La pena sigue siendo de al menos cinco años, por lo que presentaremos un recurso de apelación, señaló. Finalmente, el alcalde y otras 13 personas, entre comerciantes y funcionarios municipales, han sido formalizadas y se les impusieron diversas medidas cautelares. El plazo para la investigación se fijó en seis meses.
Un proceso judicial ha captado la atención de la comunidad de Linares, dado el impacto potencial en la administración pública y la confianza de los ciudadanos. El alcalde Mario Meza, junto al director de Dideco, Jhon Sancho, y otros siete funcionarios y exfuncionarios municipales, han sido formalizados por su presunta responsabilidad en el delito de fraude al fisco reiterado, sumando un total de 14 personas involucradas. La investigación revela que se llevaron a cabo contratos irregulares con ciertas empresas para la adquisición de artículos de aseo, transporte y alimentos, favoreciendo a algunas con grandes sumas de dinero. Un informe de la Contraloría General de la República indica que se pagaron montos excesivos en la compra de cloro y kits de test rápido de COVID-19. En concreto, se desembolsaron $32.130.000 por 6.000 bidones de cloro, lo que representa un sobreprecio del 76% en comparación con el precio de mercado. Además, la adquisición de 3.000 kits de test rápido por $64.260.000 mostró un sobreprecio del 76,7%. El alcalde Meza, quien presentó su renuncia al cargo este jueves 26 de septiembre para postularse a un tercer mandato en las elecciones del 26 y 27 de octubre, ha manifestado su descontento con el proceso judicial, calificándolo de ataque político y denunciando el uso de la institucionalidad con fines partidistas. Finalmente, este caso ha generado gran expectación en Linares, no solo por la relevancia de los involucrados, sino también por el posible impacto en la administración pública local y la confianza ciudadana.
Este martes, la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, asistirá a una audiencia clave en la que se revisarán las medidas cautelares que pesan en su contra. Barriga, quien fue reformalizada en septiembre por presuntos delitos de fraude al fisco y falsificación de instrumento público, se encuentra actualmente bajo arresto domiciliario total. Sin embargo, los querellantes han solicitado la revisión de estas medidas, mientras que el abogado de la Municipalidad de Maipú buscará que se decrete prisión preventiva para la exjefa comunal, según informó 24 Horas. Además, nuevas acusaciones complican la situación judicial de Barriga. Recientemente, una psicopedagoga vinculada a la Municipalidad de El Quisco denunció que habría sido presionada para evaluar al hijo de la exalcaldesa justo una semana antes de su formalización. Este caso ha llevado a un sumario por acoso laboral en dicha comuna. La resolución de esta audiencia podría marcar un giro en el proceso judicial que enfrenta Cathy Barriga, quien sigue en el centro de la polémica por las múltiples denuncias en su contra.
En la mañana de este martes, la Fiscalía Metropolitana Oriente confirmó la realización de un allanamiento en las oficinas del diputado Joaquín Lavín en el Congreso Nacional, ubicado en la región de Valparaíso. La diligencia fue parte de una investigación reservada sobre posibles delitos de tráfico de influencias relacionados con decisiones administrativas y contrataciones en la Municipalidad de Maipú durante la gestión de su esposa, la exalcaldesa Cathy Barriga. Ante esto, el procedimiento de entrada y registro, solicitado por la fiscal de alta complejidad Constanza Encina, fue autorizado por el Noveno Juzgado de Garantía. Se espera que en las próximas horas el Ministerio Público entregue más detalles sobre el operativo. En agosto, Mega Investiga reveló que la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente abrió una causa contra Lavín por los delitos de fraude al fisco y tráfico de influencias, tras detectar una serie de antecedentes que apuntarían al rol de Lavín como un “alcalde en las sombras”. Asimismo, los fiscales cuentan con correos electrónicos y testimonios de extrabajadores municipales que señalarían que Lavín, aunque no tenía autoridad sobre la administración local por su cargo parlamentario, habría dado instrucciones en temas de contrataciones y despidos, además de intervenir en decisiones administrativas clave. Finalmente, la investigación sigue en desarrollo, y las pruebas recopiladas podrían ser fundamentales para determinar si Lavín utilizó su influencia como parlamentario para intervenir en la gestión municipal de su esposa
En una audiencia realizada en el Juzgado de Garantía de Linares, la magistrada Evelyn Pérez Jaña determinó imponer la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y prohibición de acercarse a los involucrados para el alcalde de Linares y vicepresidente de Renovación Nacional, Mario Meza. Esto en el contexto de una investigación por delitos reiterados de fraude al fisco relacionados con la adquisición de insumos durante la pandemia del Covid-19. Ante esto, los delitos imputados al edil están vinculados con la compra de cloro, test de detección de coronavirus, mascarillas y cajas de mercadería, con un monto defraudado que asciende a más de $195 millones de pesos. Por otro lado, para Jhon Sancho, jefe de la Dirección de Desarrollo Comunal, se decretó prisión preventiva en el centro penitenciario de Parral, mientras se evalúa un posible traslado al anexo Capitán Yáber. La fiscal Carola D'Agostini, quien lleva adelante la investigación, se mostró conforme con la decisión del tribunal respecto a Sancho, pero anunció que apelarán a la medida cautelar impuesta al alcalde Meza.Hemos acreditado su participación en cuatro delitos, aunque el tribunal solo reconoció uno. La pena sigue siendo de al menos cinco años, por lo que presentaremos un recurso de apelación, señaló. Finalmente, el alcalde y otras 13 personas, entre comerciantes y funcionarios municipales, han sido formalizadas y se les impusieron diversas medidas cautelares. El plazo para la investigación se fijó en seis meses.
Un proceso judicial ha captado la atención de la comunidad de Linares, dado el impacto potencial en la administración pública y la confianza de los ciudadanos. El alcalde Mario Meza, junto al director de Dideco, Jhon Sancho, y otros siete funcionarios y exfuncionarios municipales, han sido formalizados por su presunta responsabilidad en el delito de fraude al fisco reiterado, sumando un total de 14 personas involucradas. La investigación revela que se llevaron a cabo contratos irregulares con ciertas empresas para la adquisición de artículos de aseo, transporte y alimentos, favoreciendo a algunas con grandes sumas de dinero. Un informe de la Contraloría General de la República indica que se pagaron montos excesivos en la compra de cloro y kits de test rápido de COVID-19. En concreto, se desembolsaron $32.130.000 por 6.000 bidones de cloro, lo que representa un sobreprecio del 76% en comparación con el precio de mercado. Además, la adquisición de 3.000 kits de test rápido por $64.260.000 mostró un sobreprecio del 76,7%. El alcalde Meza, quien presentó su renuncia al cargo este jueves 26 de septiembre para postularse a un tercer mandato en las elecciones del 26 y 27 de octubre, ha manifestado su descontento con el proceso judicial, calificándolo de ataque político y denunciando el uso de la institucionalidad con fines partidistas. Finalmente, este caso ha generado gran expectación en Linares, no solo por la relevancia de los involucrados, sino también por el posible impacto en la administración pública local y la confianza ciudadana.
