Este miércoles, el Presidente Gabriel Boric, acompañado por la ministra del Interior, Carolina Tohá, y otras autoridades, promulgó la Ley que regula los denominados “narcofunerales”. La ceremonia se realizó en San Ramón, comuna que ha sido afectada por este tipo de eventos, marcados por balaceras, fuegos artificiales y desórdenes que alteran la tranquilidad de los vecinos. La normativa, despachada por el Congreso el pasado 7 de noviembre, busca prevenir riesgos para la seguridad y el orden público en funerales asociados a delitos de alta peligrosidad. Durante el acto, Boric destacó que esta Ley responde a un compromiso adquirido en su Cuenta Pública 2023: “Es hora de decir cumplimos”. Según explicó Presidencia, la nueva Ley regula los funerales considerados de riesgo, estableciendo un catálogo de delitos que conllevarán penas agravadas, como desórdenes públicos, saqueos y uso de armas o fuegos artificiales. Además, la normativa reduce a 24 horas el tiempo permitido para el proceso funerario, y el recorrido del cortejo será decidido exclusivamente por Carabineros. Ante esto, la ministra Tohá subrayó que los derechos individuales tienen límites cuando afectan a la comunidad: “ No será la banda del narco quien decida el trayecto del féretro, sino Carabineros. Este es un acto en favor del interés general”. En caso de incidentes durante el funeral, como balaceras o cortes de tránsito, los responsables enfrentarán sanciones más severas. Asimismo, se controlará la identidad de los asistentes y se prohibirá la presencia de personas bajo la influencia de alcohol o drogas. Finalmente, con esta normativa, el Ejecutivo refuerza su estrategia de seguridad, buscando erradicar prácticas que han infundido temor en las comunidades afectadas.
El Gobierno ha promulgado la ley que establece el acceso a internet como un servicio público en Chile, un hito que consagra la conectividad digital como un derecho fundamental para todos los ciudadanos del país. Esta legislación, impulsada originalmente durante la segunda administración de Michelle Bachelet y respaldada ahora por el Presidente Gabriel Boric, marca un antes y un después en el acceso equitativo a la tecnología y la información. Según declaraciones del Gobierno, la ley otorga al Estado las herramientas necesarias para asegurar que cada persona tenga acceso a internet, de manera similar a como se regula el servicio de telefonía. Uno de los puntos clave de esta nueva normativa es la posibilidad de fiscalizar a las empresas proveedoras de internet, garantizando que cumplan con la obligación de brindar cobertura en todas las zonas del país, incluso en aquellas de difícil acceso. Además, la ley facilita la creación de cooperativas de internet, permitiendo que comunidades y organizaciones locales puedan coordinarse para proveerse de conectividad de manera autónoma. En términos de inclusión, la legislación contempla la creación de mecanismos de subsidios para la demanda, dirigidos especialmente a familias vulnerables que no pueden costear planes de internet. Este subsidio busca asegurar que todos los sectores de la población tengan la oportunidad de acceder a los beneficios de la era digital. Además, se implementará un subsidio para el pago de cuentas de servicios de internet dirigido específicamente a los usuarios más vulnerables del país.
Este miércoles, el Presidente Gabriel Boric, acompañado por la ministra del Interior, Carolina Tohá, y otras autoridades, promulgó la Ley que regula los denominados “narcofunerales”. La ceremonia se realizó en San Ramón, comuna que ha sido afectada por este tipo de eventos, marcados por balaceras, fuegos artificiales y desórdenes que alteran la tranquilidad de los vecinos. La normativa, despachada por el Congreso el pasado 7 de noviembre, busca prevenir riesgos para la seguridad y el orden público en funerales asociados a delitos de alta peligrosidad. Durante el acto, Boric destacó que esta Ley responde a un compromiso adquirido en su Cuenta Pública 2023: “Es hora de decir cumplimos”. Según explicó Presidencia, la nueva Ley regula los funerales considerados de riesgo, estableciendo un catálogo de delitos que conllevarán penas agravadas, como desórdenes públicos, saqueos y uso de armas o fuegos artificiales. Además, la normativa reduce a 24 horas el tiempo permitido para el proceso funerario, y el recorrido del cortejo será decidido exclusivamente por Carabineros. Ante esto, la ministra Tohá subrayó que los derechos individuales tienen límites cuando afectan a la comunidad: “ No será la banda del narco quien decida el trayecto del féretro, sino Carabineros. Este es un acto en favor del interés general”. En caso de incidentes durante el funeral, como balaceras o cortes de tránsito, los responsables enfrentarán sanciones más severas. Asimismo, se controlará la identidad de los asistentes y se prohibirá la presencia de personas bajo la influencia de alcohol o drogas. Finalmente, con esta normativa, el Ejecutivo refuerza su estrategia de seguridad, buscando erradicar prácticas que han infundido temor en las comunidades afectadas.
El Gobierno ha promulgado la ley que establece el acceso a internet como un servicio público en Chile, un hito que consagra la conectividad digital como un derecho fundamental para todos los ciudadanos del país. Esta legislación, impulsada originalmente durante la segunda administración de Michelle Bachelet y respaldada ahora por el Presidente Gabriel Boric, marca un antes y un después en el acceso equitativo a la tecnología y la información. Según declaraciones del Gobierno, la ley otorga al Estado las herramientas necesarias para asegurar que cada persona tenga acceso a internet, de manera similar a como se regula el servicio de telefonía. Uno de los puntos clave de esta nueva normativa es la posibilidad de fiscalizar a las empresas proveedoras de internet, garantizando que cumplan con la obligación de brindar cobertura en todas las zonas del país, incluso en aquellas de difícil acceso. Además, la ley facilita la creación de cooperativas de internet, permitiendo que comunidades y organizaciones locales puedan coordinarse para proveerse de conectividad de manera autónoma. En términos de inclusión, la legislación contempla la creación de mecanismos de subsidios para la demanda, dirigidos especialmente a familias vulnerables que no pueden costear planes de internet. Este subsidio busca asegurar que todos los sectores de la población tengan la oportunidad de acceder a los beneficios de la era digital. Además, se implementará un subsidio para el pago de cuentas de servicios de internet dirigido específicamente a los usuarios más vulnerables del país.
