El caso de Marcela Cubillos, candidata por Las Condes, ha escalado a la Superintendencia de Educación Superior tras una denuncia del abogado Luis Mariano Rendón. Se le acusa de percibir un sueldo mensual de $17 millones brutos entre 2020 y 2024 en su rol de docente en la Universidad San Sebastián (USS), a pesar de no haber realizado clases efectivas en la institución. Según informa El Mostrador, la exsecretaria de Estado tenía contratos de docencia cuestionables que no coinciden con su actividad académica. En respuesta a esta situación, Rendón afirmó que “no puede ser que un escándalo de este tipo no sea procesado por la institucionalidad”, instando a que se aclare la legalidad de estos ingresos provenientes de una entidad que recibe fondos públicos. El abogado añadió que, a pesar de que Cubillos justifica su salario con la realización de investigaciones universitarias, no está registrada en el sistema nacional de investigación. “Puede haber una violación a la normativa sobre educación superior, pero también podrían existir otros ilícitos, como financiamiento ilegal de actividades políticas”, advirtió. Rendón concluyó señalando que las instituciones deben pronunciarse sobre este caso.
El caso de Marcela Cubillos, candidata por Las Condes, ha escalado a la Superintendencia de Educación Superior tras una denuncia del abogado Luis Mariano Rendón. Se le acusa de percibir un sueldo mensual de $17 millones brutos entre 2020 y 2024 en su rol de docente en la Universidad San Sebastián (USS), a pesar de no haber realizado clases efectivas en la institución. Según informa El Mostrador, la exsecretaria de Estado tenía contratos de docencia cuestionables que no coinciden con su actividad académica. En respuesta a esta situación, Rendón afirmó que “no puede ser que un escándalo de este tipo no sea procesado por la institucionalidad”, instando a que se aclare la legalidad de estos ingresos provenientes de una entidad que recibe fondos públicos. El abogado añadió que, a pesar de que Cubillos justifica su salario con la realización de investigaciones universitarias, no está registrada en el sistema nacional de investigación. “Puede haber una violación a la normativa sobre educación superior, pero también podrían existir otros ilícitos, como financiamiento ilegal de actividades políticas”, advirtió. Rendón concluyó señalando que las instituciones deben pronunciarse sobre este caso.
